El clima político tucumano sumó un nuevo capítulo de alta intensidad verbal. Este martes, el gobernador Osvaldo Jaldo respondió públicamente a las declaraciones de Lisandro Catalán, quien había cuestionado el gasto político en la capital provincial y el costo del Concejo Deliberante en comparación con otras ciudades del país.
Lejos de quedarse en la discusión sobre estructuras municipales, Jaldo redireccionó el eje del debate hacia la relación financiera con la Nación. “Yo lo que creo es que Lisandro nos tiene que ayudar a que la Nación nos pague lo que nos debe”, afirmó el mandatario, elevando el tono y transformando la crítica en un desafío político.
El gobernador enumeró las áreas donde, según sostuvo, existen deudas pendientes del Estado nacional con San Miguel de Tucumán y la provincia: fondos vinculados al PAMI, compromisos de ANSES y recursos correspondientes a obras públicas.
“Que nos ayude a cobrar la deuda del PAMI, la deuda del ANSES y la deuda de las obras públicas que Nación nos debe”, insistió, marcando un contraste entre el discurso opositor y lo que definió como “acciones concretas en favor de la gente”.
El mensaje fue claro: para Jaldo, el debate sobre el gasto político resulta secundario frente a la urgencia financiera. En su planteo subyace una lectura estratégica: desplazar la discusión desde el plano simbólico —el costo de la política— hacia el terreno material —la llegada efectiva de recursos—.
El mandatario provincial también buscó desactivar, al menos formalmente, la confrontación partidaria. “Eso es para el 2027”, afirmó en alusión a las próximas elecciones ejecutivas, sugiriendo que el momento actual exige gestión antes que campaña.
No obstante, el tono elegido dejó entrever que la disputa no está cerrada, sino diferida. Jaldo anticipó que habrá respuesta política cuando llegue el turno electoral, pero subrayó que hoy su prioridad es “trabajar por la gente”.
En un contexto nacional de restricciones presupuestarias y redefinición de partidas, el reclamo de fondos adquiere un peso particular. La relación entre las provincias y el Gobierno central atraviesa una etapa de tensión, donde cada transferencia se vuelve objeto de negociación política.
Jaldo defendió su estilo de gestión, señalando que viaja a Buenos Aires y toma “decisiones fuertes” para defender los intereses tucumanos. “Para mí primero está Tucumán”, afirmó, reforzando una narrativa de liderazgo enfocado en la autonomía provincial.
En el tramo final de su declaración, el gobernador apeló a una idea de representación amplia: aseguró gobernar para “el millón novecientos mil tucumanos”, no solo para quienes lo votaron. Reivindicó el diálogo institucional, incluso con sectores críticos, pero reiteró su pedido: que Catalán “se ponga a la par de la provincia” y colabore en la gestión de los fondos adeudados.
La polémica, lejos de agotarse, abre un nuevo frente en la discusión sobre gasto público, federalismo y responsabilidades compartidas. Más allá de los discursos, la cuestión de fondo persiste: en un escenario económico complejo, ¿quién asume el costo político y quién garantiza los recursos para sostener la gestión?
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