La Justicia argentina advirtió este martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su participación en una manifestación de apoyo realizada frente a su vivienda de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, ciudad de Buenos Aires, donde cumple su condena.
Según reportó el diario La Nación, el juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu consideró que el despliegue de una gran bandera entre el balcón del departamento y un edificio vecino incumplió las condiciones fijadas para el arresto domiciliario y le recordó que nuevas infracciones podrían derivar en la pérdida de ese beneficio.
En una resolución de cinco páginas, el magistrado intimó a la exmandataria a "abstenerse de desplegar conductas o asumir comportamientos" que impliquen el incumplimiento de las reglas establecidas para la ejecución de la pena. Además, citó el artículo 34 de la ley 24.660, que prevé la revocación de la detención domiciliaria cuando el condenado quebrante injustificadamente las condiciones impuestas.
Según el fallo, el episodio ocurrió el pasado domingo durante una concentración organizada por dirigentes y militantes peronistas para expresar su apoyo a Kirchner. La bandera, con la leyenda 'De San José 1111 a la Rosada' —en referencia a la sede del gobierno nacional—, fue extendida mediante cables tensores entre dos edificios y quedó sujeta al balcón de la casa donde la expresidenta cumple la condena, desde donde suele saludar a la militancia.
El juez sostuvo que, a diferencia de otras movilizaciones, en esta ocasión Kirchner tuvo una participación directa, ya que utilizó el balcón como punto de anclaje y colaboró personalmente con la instalación del cartel. A su criterio, esa acción implicó una conducta "riesgosa para el espacio público" y perturbó la tranquilidad de los vecinos.
La resolución también señala que la estructura podría haber requerido autorización municipal y advierte sobre el riesgo que representó para peatones, automovilistas y pasajeros del transporte público que circulan por la zona. Por ello, el tribunal concluyó que el comportamiento no resulta compatible con las obligaciones asumidas al concederse la prisión domiciliaria.
Kirchner cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la denominada causa Vialidad. El tribunal le concedió el arresto domiciliario en su departamento de Constitución, una decisión que fue cuestionada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado que la pena se cumpliera en una cárcel común. Desde entonces, la esquina de San José y Humberto I se convirtió en un punto habitual de reunión para simpatizantes y dirigentes peronistas, que realizan actos y concentraciones en apoyo a la exmandataria.
