En un nuevo golpe contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, siete efectivos de la Policía Federal Argentina con asiento en Tucumán fueron detenidos junto a dos civiles, acusados de integrar una organización que cobraba coimas para permitir el paso de mercadería de contrabando por la Ruta Nacional 34.
El procedimiento fue el resultado de una investigación que se extendió durante ocho meses y que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal, encabezada por el fiscal Pedro Simón, con intervención del juez federal Sebastián Argibay. Los allanamientos y detenciones fueron ejecutados por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Santiago del Estero" de Gendarmería Nacional, en el marco de la denominada "Operación Prisma".
El operativo se desarrolló en un puesto de control ubicado en el paraje 7 de Abril, cerca de Rapelli, en el departamento Pellegrini, donde los investigadores sostienen que funcionaba el esquema ilegal.
Según la investigación, los policías exigían pagos en efectivo a colectivos y vehículos utilizados por tours de compras que transportaban mercadería ingresada ilegalmente desde Bolivia, principalmente en recorridos entre Orán, Salta, y la Ciudad de Buenos Aires.
Las pruebas surgieron de intervenciones telefónicas y otras técnicas especiales de investigación que permitieron documentar el mecanismo de cobro de sobornos. Incluso, agentes encubiertos realizaron entregas controladas de dinero previamente marcado, logrando registrar al menos cuatro episodios en los que los efectivos solicitaron dinero para liberar el paso de los vehículos.
Durante los procedimientos, realizados alrededor de las cinco de la madrugada, Gendarmería secuestró más de 8 millones de pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones que ahora serán analizados como parte de la causa.
Entre los arrestados figura una oficial inspectora, señalada por la investigación como la presunta responsable del grupo, junto con seis suboficiales pertenecientes a la División Operativa de la Policía Federal en Tucumán.
También fueron detenidos dos coordinadores de tours de compras, considerados piezas clave en la maniobra. Uno fue arrestado en la ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe, mientras que el otro fue localizado en Fernández, Santiago del Estero.
Los investigadores determinaron que la organización manejaba un esquema tarifado para los sobornos, cuyo monto variaba según el tipo de vehículo:
La existencia de estos montos preestablecidos refuerza la hipótesis de un mecanismo organizado y sistemático destinado a facilitar el transporte de mercadería ilegal.
Los nueve detenidos permanecen alojados en dependencias de Gendarmería Nacional y enfrentan imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando.
Fuentes judiciales indicaron que las indagatorias podrían comenzar entre jueves y viernes, mientras los investigadores avanzan con el análisis de los teléfonos celulares y de la documentación secuestrada.
La Justicia tampoco descarta nuevas medidas procesales, entre ellas allanamientos en domicilios particulares de Tucumán, en busca de más pruebas que permitan determinar el alcance de la presunta red de corrupción.
El caso representa uno de los golpes más importantes contra presuntas maniobras de corrupción vinculadas a controles de rutas en el norte argentino y podría derivar en nuevas imputaciones a medida que avance la investigación judicial.
