La dinámica parlamentaria de la Legislatura provincial dio un vuelco sorpresivo en los tramos finales de la sesión del jueves, cuando el oficialismo peronista terminó facilitando el camino a una iniciativa opositora que busca interpelar a la ministra de Educación, Susana Montaldo. Lo que comenzó como un pedido aislado de la radical Silvia Elías de Pérez al inicio del orden del día, se transformó en una definición clave luego de que legisladores del PJ levantaran su mano para habilitar la preferencia solicitada, la cual fue anunciada por el secretario parlamentario Claudio Pérez.
Este inesperado respaldo, calificado en los pasillos como una "distracción" o gesto político estratégico, no implica que el proyecto de resolución tenga asegurada su aprobación final —ya que la mayoría del PJ podría bloquearlo en la sesión venidera—, pero sí garantiza que el debate sobre la situación educativa provincial se instale de manera forzosa en la agenda pública. La moción aprobada permite que en la próxima reunión de la Cámara se trate el proyecto de Elías de Pérez, cuyo objetivo es que la ministra Montaldo comparezca “a los fines de brindar explicaciones precisas y documentadas respecto de la situación institucional de las escuelas y personal docente de la provincia”.
El proyecto de resolución presentado por la legisladora radical detalla con minuciosidad los ejes sobre los cuales se pretende interpelar a la funcionaria. En primer lugar, se exige un informe exhaustivo sobre “el estado edilicio de las escuelas y de infraestructura de los establecimientos educativos de la provincia en general y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas”. La preocupación central, según el texto, radica en “las razones por las cuales subsisten escuelas con riesgo estructural, incluyendo techos en peligro de derrumbe, instalaciones eléctricas deficientes, falta de ventilación, calefacción y sanitarios en condiciones adecuadas”. La ministra deberá precisar, además, qué obras fueron ejecutadas, cuáles están postergadas y los criterios de priorización presupuestaria aplicados por su cartera.
La iniciativa también pone el foco en casos puntuales que han generado malestar en comunidades educativas. Se solicita información específica sobre la Escuela Fray Pedro Zavaleta, requiriendo las razones técnicas de su cierre, el grado de avance financiero de las obras y un “cronograma cierto de finalización de las intervenciones necesarias para su reapertura”. Similar requerimiento se extiende a las escuelas N° 346 Ángel Custodio Bustos y N° 227 de El Vizcacheral, donde se pide documentar si existen decisiones de fusión o traslado y cuál ha sido la evolución de su matrícula en los últimos cinco años.
Otro de los ejes fundamentales del pliego de interpelación se refiere a la gestión del recurso humano dentro del sistema educativo. La legisladora busca conocer la cantidad de cargos vacantes al inicio del ciclo lectivo y las razones por las cuales existen “divisiones sin maestro titular y personal auxiliar cumpliendo funciones docentes”. En los fundamentos del proyecto, se resalta que la educación es un derecho humano que el Estado debe garantizar en condiciones de “igualdad, dignidad y seguridad”, advirtiendo que la persistencia de deficiencias graves representa un riesgo físico para toda la comunidad educativa.
Finalmente, el pedido de interpelación hace hincapié en presuntas irregularidades administrativas que afectaron el normal inicio del ciclo lectivo. Según el documento, “particular gravedad reviste la situación derivada del vencimiento de la Resolución N.° 0648, que regulaba las adscripciones docentes ocurrido el 28 de febrero de 2026, sin que el Ministerio de Educación haya procedido a su renovación o adecuación en tiempo y forma”. Esta omisión, sostiene la autora del proyecto, provocó que numerosos docentes no retornaran a sus escuelas de origen, generando “situaciones de acefalía pedagógica, desorganización institucional y sobrecarga laboral para el personal que permaneció en funciones”.
Para Elías de Pérez, el régimen de adscripciones debe ser excepcional, y su uso sin previsión termina “afectando el normal funcionamiento de las escuelas, en perjuicio tanto de los docentes como de los alumnos”. Con la preferencia ya votada y el respaldo inesperado del oficialismo para poner el tema sobre el tapete, la ministra Susana Montaldo queda ahora a las puertas de un examen legislativo que pondrá a prueba la gestión del sistema educativo provincial y la capacidad de respuesta del gobierno ante una oposición que logró, al menos por un día, romper el tablero parlamentario.
