luego de que denunciara hostigamientos e intentos de intimidación mientras colaboraba con la investigación.
La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quienes consideraron que existía un riesgo concreto sobre la integridad y la libertad de declaración de la mujer. El expediente, radicado en los tribunales de Comodoro Py, ya venía escalando en tensión, pero este episodio elevó el nivel de gravedad.
Según consta en la causa, Tossi denunció haber recibido llamadas, mensajes y presiones de parte del periodista Marcelo Grandío, señalado como cercano al entorno de Adorni. El dato más delicado: uno de esos contactos ocurrió en tiempo real mientras la testigo declaraba ante la Justicia, lo que fue interpretado por la fiscalía como una señal directa de amedrentamiento.
Frente a esto, el juzgado dispuso un esquema de protección que incluye custodia y una prohibición total de contacto por parte de Grandío. La restricción abarca cualquier vía —telefónica, digital, presencial o mediante terceros—, además de impedirle acercarse al domicilio, lugar de trabajo o espacios habituales de la testigo.
Para Pollicita, no se trató de un hecho aislado. En su presentación, habló de un “patrón de hostigamiento” que incluía insistentes intentos de comunicación, presiones posteriores a la difusión pública del caso, el envío de una carta documento y el contacto durante la propia audiencia judicial. La conclusión fue contundente: había que actuar de inmediato para proteger una prueba clave.
El rol de Tossi dentro del expediente es central. Fue quien mantuvo contacto directo en la operatoria de los vuelos y aportó información sensible sobre la contratación y los pagos. Su testimonio apunta a uno de los puntos más críticos de la investigación: quién financió realmente el viaje a Punta del Este y bajo qué condiciones se realizó.
Entre los elementos más relevantes, la testigo afirmó que el vuelo de regreso habría sido abonado en efectivo por Grandío, un dato que coincide con otras declaraciones y que alimenta sospechas sobre la trazabilidad del dinero y un posible intento de evitar registros formales.
El caso ya no gira únicamente en torno al viaje realizado entre el 12 y el 17 de febrero. Con esta decisión judicial, se abre un nuevo frente: la posible existencia de presiones sobre testigos en una causa de alto voltaje político.
La señal de la Justicia es clara: no solo se investiga qué ocurrió con los vuelos, sino también si hubo maniobras para condicionar el avance del expediente. Y eso, en términos políticos y judiciales, convierte el caso en una bomba de mayor impacto.
