AGOSTINA PÁEZ ACTIVA SU REGRESO A LA ARGENTINA TRAS EL ESCÁNDALO JUDICIAL EN BRASIL

La cuenta regresiva ya está en marcha. Agostina Páez, la abogada argentina que quedó envuelta en una causa por injuria racial en Brasil, avanza hacia su regreso al país luego de que la Justicia carioca autorizara la retirada de la tobillera electrónica que condicionaba su libertad ambulatoria desde enero. La medida, ejecutada este martes por la Policía Penal de Río de Janeiro, marca un punto de inflexión en un proceso que combinó presión judicial, exposición mediática y desgaste emocional.

El desbloqueo de su situación fue posible tras el pago de una caución de 97.260 reales —equivalente a unos 18.800 dólares—, requisito clave para que el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte ordenara no solo la remoción del dispositivo, sino también la habilitación formal para que Páez pueda regresar a la Argentina. En paralelo, el magistrado dispuso la notificación a la Policía Federal y la restitución de su pasaporte, pasos administrativos indispensables para concretar la salida del país.

El momento simbólico de la liberación quedó registrado en un video donde se observa la desactivación del rastreador en su pierna izquierda. Más allá del gesto técnico, ese instante representó el cierre de una etapa marcada por restricciones y visibilidad pública no deseada. Durante semanas, Páez intentó disimular el dispositivo con su vestimenta, en un contexto de alta sensibilidad mediática.

El avance en su situación no fue lineal. El punto de quiebre se produjo tras la intervención de la octava cámara de Río de Janeiro, que concedió un habeas corpus impulsado por su defensa. El fallo del camarista Luciano Barreto Silva cuestionó la prolongación de las medidas cautelares, interpretándose como un respaldo a la estrategia legal liderada por la abogada brasileña Carla Junqueira.

Esta resolución superior no solo debilitó la postura del tribunal de primera instancia, sino que forzó una redefinición del escenario procesal. En términos estratégicos, el caso pasó de una lógica punitiva estricta a una negociación orientada a la resolución alternativa del conflicto.

De hecho, las partes ya habrían alcanzado un acuerdo preliminar que contempla la sustitución de la pena por una reparación económica a las víctimas y la realización de tareas comunitarias en Argentina. La homologación judicial de este entendimiento será el próximo paso clave para cerrar definitivamente el expediente.

El origen del caso se remonta al 14 de enero, cuando Páez fue filmada a la salida de un bar en Ipanema realizando gestos considerados racistas hacia empleados del lugar. Lo que inicialmente fue un episodio aislado escaló rápidamente a una causa penal bajo las estrictas leyes brasileñas en materia de discriminación racial, generando repercusiones tanto legales como reputacionales.

El caso también evidenció las diferencias normativas y culturales entre países, colocando a la acusada en una posición de alta vulnerabilidad jurídica en el exterior.

Con el aval judicial prácticamente asegurado, el foco ahora está en la ejecución logística del regreso. El entorno de Páez espera que en las próximas horas se complete la comunicación formal a las autoridades migratorias para habilitar su salida sin contratiempos desde el aeropuerto internacional de Galeão.

El plan de viaje contempla un traslado inicial hacia Buenos Aires, seguido por la conexión a Santiago del Estero, donde la joven buscará reconstruir su rutina y reconfigurar su imagen pública tras un episodio que impactó de lleno en su trayectoria personal y profesional.

Acompañada por su padre y su entorno legal, Páez encara no solo un regreso geográfico, sino también un proceso de reposicionamiento en un contexto donde lo judicial, lo mediático y lo social quedaron profundamente entrelazados.