La causa judicial en torno a la criptomoneda conocida como “$Libra” sumó un nuevo capítulo con el pedido de indagatoria presentado por el abogado querellante Martín Romeo, patrocinado por Nicolás Oszust, ante la Justicia Federal. La presentación incluye a 16 imputados y describe un esquema presuntamente diseñado para captar inversores mediante el uso de legitimación política y posterior vaciamiento de fondos.
Según el escrito, la maniobra habría sido “de diseño milimétrico” y se remonta al menos a 2024, con antecedentes que se extienden hasta 2018. Uno de los ejes centrales es la firma del denominado “Kelsier Group LATAM Agreement”, fechado el 16 de octubre de 2024, que, de acuerdo a la querella, contemplaba pagos por más de 1,5 millones de dólares para garantizar acceso privilegiado al Presidente e influencia en eventuales marcos regulatorios sobre criptoactivos en Argentina.
El expediente —identificado como CFP 000772/2025— sostiene que el esquema combinó intermediación financiera internacional, plataformas digitales y estrategias de captación masiva de inversores minoristas. En ese marco, se menciona una reunión clave en el Hotel Libertador, durante la etapa de campaña presidencial, donde habrían participado actores locales e internacionales vinculados al desarrollo del token.
Señalamientos y roles dentro del esquema
La querella identifica a distintos actores con funciones específicas dentro de la presunta operatoria. Entre ellos, se señala a Sergio Morales como un “infiltrado” en la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde habría actuado como asesor mientras brindaba cobertura institucional al proyecto.
También se menciona al vocero presidencial Manuel Adorni, a quien se le atribuye un rol de “lavado de prestigio”, al participar en eventos que habrían contribuido a generar confianza en el activo digital.
En la estructura local aparecen Mauricio Novelli como articulador, Morales como nexo estatal y Manuel Terrones Godoy como operador comercial. A nivel internacional, la querella ubica a Hayden Davis como supuesto cerebro financiero del grupo Kelsier, a Julián Peh como desarrollador técnico y a Bartosz Lipinski como responsable de la infraestructura blockchain.
El tuit bajo la lupa y el “gatillo” financiero
Uno de los elementos probatorios destacados es un mensaje publicado por el presidente Milei el 14 de febrero de 2025, en el que difundió el contrato inteligente del token. Según un informe pericial atribuido a la UFECI, ese contenido habría funcionado como “gatillo” para el inicio de movimientos masivos de fondos hacia billeteras controladas por la presunta organización.
A partir de allí, se registraron transferencias en criptomonedas por montos significativos, que, según la presentación judicial, fueron canalizadas mediante estructuras opacas y billeteras vinculadas a los implicados.
Hipótesis de lavado y ramificaciones internacionales
El expediente también describe un entramado de presunto lavado de activos que incluiría el uso de facturación apócrifa a través de plataformas digitales, cuentas en jurisdicciones offshore —como Seychelles— y la utilización de terceros para el resguardo de dinero físico en cajas de seguridad de entidades bancarias.
La querella sostiene que los hechos configuran un concurso real de delitos: asociación ilícita para afectar el orden público, estafa contra la propiedad privada y lavado de activos con impacto en el orden económico nacional.
Análisis: impacto político e institucional
El caso introduce un frente de alta sensibilidad para el Gobierno nacional, al involucrar directamente a la figura presidencial en una investigación judicial en curso. Aunque el pedido de indagatoria no implica culpabilidad, sí eleva el nivel de exposición institucional y política, especialmente en un contexto donde la regulación de criptoactivos sigue siendo un área en construcción.
Desde una perspectiva crítica, el eje de la acusación —la presunta “captura del Estado”— plantea interrogantes sobre los límites entre promoción de innovación financiera y posibles conflictos de interés en la función pública. La evolución de la causa dependerá ahora de la evaluación judicial de las pruebas presentadas y de eventuales medidas procesales que definan el rumbo del expediente.
Por el momento, no se registran resoluciones judiciales firmes ni imputaciones formales confirmadas por el tribunal interviniente, lo que mantiene el caso en etapa preliminar de investigación
