La crisis hídrica en Tucumán dejó de ser una advertencia para convertirse en una urgencia política. Con registros de lluvias muy por encima de lo normal durante cuatro meses consecutivos, la Legislatura provincial fue escenario de un planteo directo: avanzar en la creación de una comisión de emergencia hídrica que permita coordinar respuestas estructurales frente a inundaciones cada vez más frecuentes.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse puso números sobre la mesa, respaldados por informes de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Según detalló, en diciembre llovió un 52% más de lo habitual; en enero, un 116%; en febrero, un 105%; y en marzo, un 108% por encima del promedio. “Estamos frente a un fenómeno meteorológico fuera de lo normal”, advirtió.
El impacto no es menor. Cerca de 10 mil familias resultaron afectadas por el evento climático del último trimestre. Sin embargo, desde el oficialismo sostienen que las obras ejecutadas evitaron un escenario aún más grave. El plan Prelluvia, con una inversión superior a los 8 mil millones de pesos, permitió mitigar daños en zonas críticas y reforzar infraestructura clave, especialmente en áreas vinculadas a cuencas hídricas que reciben caudales desde Catamarca y desembocan en el dique Escaba.
Ahora bien, el eje político del debate se endurece cuando se analiza el rol del Estado Nacional. Vargas Aignasse no esquivó la confrontación: denunció un “abandono total” en materia de asistencia y cuestionó el envío de insumos inadecuados durante la emergencia. “Mandaron rezagos aduaneros: antiparras, bufandas, corbatas. Cualquier cosa, menos lo que hacía falta”, lanzó en el recinto.
El mensaje apunta a una tensión más profunda: la distribución de responsabilidades en un país federal. Para el legislador, la falta de acompañamiento nacional obliga a la provincia a redestinar recursos, afectando otras áreas sensibles como salud, asistencia social y obras públicas. “Hoy las provincias sostienen la Argentina real”, sostuvo, en un discurso que también incluyó críticas a sectores políticos que —según afirmó— exigen obras mientras rechazan el rol del Estado.
En este contexto, la propuesta de crear una comisión de emergencia hídrica aparece como una herramienta institucional para ordenar el problema. La iniciativa busca convocar a especialistas, académicos y organismos técnicos, con el objetivo de diseñar políticas de largo plazo y gestionar financiamiento que permita anticiparse a futuros eventos extremos.
El trasfondo es claro: Tucumán enfrenta un patrón climático cada vez más impredecible, con lluvias intensas que ya no responden a ciclos tradicionales. La pregunta que atraviesa el debate es si la política logrará estar a la altura de ese desafío.
La creación de esta comisión no resuelve por sí sola la crisis, pero marca un punto de partida. El verdadero test será si logra traducirse en planificación concreta, obras sostenidas y, sobre todo, en una articulación efectiva entre provincia y Nación. Porque cuando el agua avanza, las diferencias políticas dejan de ser discursivas y pasan a medirse en consecuencias reales.
