Secretaría de Estado de Comunicación Pública
En la antesala de la zafra 2026, el Gobierno de Tucumán mueve una ficha clave en uno de los sectores más sensibles de su economía: el azúcar. El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) y la Dirección de Comercio Interior comenzaron a coordinar un esquema de controles reforzados en los ingenios, con foco en un punto crítico y muchas veces cuestionado: la verificación de balanzas.
La medida, presentada como un avance hacia la transparencia, tiene un trasfondo económico evidente. En una actividad donde el peso de la caña define ingresos, rentabilidad y distribución de ganancias, cualquier distorsión en las mediciones impacta directamente en productores, industriales y en toda la cadena de valor. No es un detalle técnico: es el corazón del negocio.
Durante la reunión, encabezada por autoridades del IPAAT y el director de Comercio Interior, Manuel Canto, se confirmó que los controles serán más frecuentes en esta campaña. La intención es clara: reducir márgenes de discrecionalidad y garantizar que los ingenios operen bajo parámetros verificables. La exigencia del Certificado de Verificación Periódica vuelve a ocupar un rol central, con la advertencia implícita de sanciones para quienes no cumplan.
Ahora bien, el anuncio llega en un momento donde el sector azucarero enfrenta tensiones estructurales: costos en alza, presión inflacionaria y una competitividad cada vez más ajustada. En ese contexto, reforzar controles no solo apunta a ordenar el sistema, sino también a contener conflictos históricos entre cañeros e industriales, donde la desconfianza suele ser tan determinante como el propio rendimiento de la cosecha.
Desde lo político, el alineamiento con la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo marca una señal de conducción: el Ejecutivo busca mostrar presencia en un sector estratégico, donde cualquier desequilibrio puede traducirse en impacto económico y social inmediato. Sin embargo, la eficacia de estas medidas no se juega en las reuniones previas, sino en el terreno, durante el ritmo intenso de la zafra.
El desafío es claro. Controlar no es solo fiscalizar: es sostener reglas de juego estables en un mercado históricamente atravesado por asimetrías. Si los controles se convierten en una política sostenida, pueden aportar previsibilidad. Si quedan en anuncios de coyuntura, el efecto será el contrario: más ruido en un sistema que ya opera al límite.
En definitiva, la zafra 2026 no solo pondrá a prueba la producción. Pondrá a prueba la capacidad del Estado de intervenir con inteligencia en una economía regional donde cada kilo cuenta, y donde la transparencia no es un valor declamativo, sino una condición para sobrevivir.
