La publicación de un informe oficial que avala la operatividad del puerto de Ushuaia hasta 2029 volvió a tensar el vínculo entre la administración de Tierra del Fuego y el Gobierno nacional. En un contexto de creciente fricción institucional, el jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, salió a capitalizar el documento como una pieza clave para deslegitimar la intervención impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
“Han ido cayendo uno a uno los argumentos que utilizaron para sostener la intervención del puerto”, sostuvo el funcionario, en lo que ya se perfila como una ofensiva política y judicial contra una medida que, desde su origen, fue denunciada por la provincia como arbitraria y carente de sustento técnico.
El informe de la Prefectura no es un dato menor. En un escenario donde las disputas suelen dirimirse más en el terreno político que en el técnico, la certificación de condiciones de seguridad y operatividad hasta 2029 introduce un elemento difícil de relativizar. Más aún cuando uno de los ejes centrales de la intervención había sido, precisamente, la supuesta precariedad de la infraestructura portuaria.
Desde la Casa de Gobierno fueguina interpretan el documento como la confirmación de una narrativa sostenida desde el inicio: que la intervención respondió más a intereses políticos y económicos que a una necesidad real de control o mejora del puerto. “No hubo una sola hora en la que el puerto dejara de operar con normalidad”, enfatizó Canals, desmontando otro de los argumentos utilizados por Nación.
Pero el cuestionamiento no se detiene en el pasado. La gestión provincial también pone el foco en el presente de la intervención. Según Canals, lejos de corregir supuestas falencias, la administración nacional no avanzó en obras, licitaciones ni planificación visible. “No hicieron absolutamente nada”, disparó, en una crítica que apunta directamente a la falta de resultados concretos tras la toma de control.
En paralelo, emerge otro eje sensible: el manejo de los recursos. La provincia denuncia una pérdida de trazabilidad en los fondos que anteriormente administraba la Dirección Provincial de Puertos. La sospecha de una “concentración en cuentas generales” sin control claro añade un componente político aún más delicado, en tiempos donde la transparencia en la gestión pública es una bandera difícil de ignorar.
El trasfondo económico tampoco pasa desapercibido. Para la administración fueguina, la intervención no solo carece de fundamentos técnicos, sino que responde a una lógica de apropiación de recursos estratégicos. En ese marco, el puerto de Ushuaia —clave para el turismo antártico y la logística regional— se convierte en un activo de alto valor dentro de la disputa.
Mientras tanto, el conflicto escala hacia el terreno judicial. Canals confirmó que los equipos legales de la provincia avanzan en distintas acciones para impugnar la intervención, a la que califican como inconstitucional. El foco no solo estará puesto en revertir la medida, sino también en determinar responsabilidades por decisiones adoptadas —según sostienen— sin respaldo técnico ni legal.
El caso del puerto de Ushuaia expone, en definitiva, una tensión más amplia: la puja entre Nación y provincias por el control de recursos estratégicos. Pero también deja al descubierto un patrón recurrente en la política argentina, donde las decisiones administrativas muchas veces quedan atrapadas entre disputas de poder, y los informes técnicos terminan funcionando como piezas de un tablero mayor.
Con el respaldo de la Prefectura sobre la mesa, la discusión ya no parece girar únicamente en torno al estado del puerto, sino sobre la legitimidad misma de la intervención. Y en ese terreno, el Gobierno fueguino cree haber encontrado su argumento más sólido.
