Hay coincidencias que no responden a acuerdos políticos sino a una inercia más profunda: la necesidad de revisar aquello que el tiempo dejó atrás. En esa zona incómoda se ubica hoy la llamada “Ley del Lobizón”, una norma con medio siglo de vigencia que, en pleno siglo XXI, encuentra al Gobierno y a un diputado opositor corriendo en paralelo —y casi en competencia— para borrarla del mapa legislativo.
El dato no es menor. En una escena política dominada por la confrontación permanente, el oficialismo y el socialista Esteban Paulón convergen en un objetivo común: derogar una ley que obliga al Presidente de la Nación a apadrinar al séptimo hijo varón o mujer de una familia. La coincidencia, más que síntoma de consenso, expone el carácter anacrónico de una norma que sobrevive más por inercia que por convicción.
Paulón fue el primero en mover ficha. Presentó su proyecto en septiembre de 2024, apenas asumida su banca, y logró incluso que la iniciativa atravesara instancias de comisión. Sin embargo, el expediente nunca llegó al recinto. La reciente reactivación de su propuesta revela una mezcla de insistencia política y oportunidad: cuando el clima cambia, viejas ideas encuentran nueva vida.
Del lado del Ejecutivo, la iniciativa quedó subsumida en un paquete más amplio: la denominada “Ley de Hojarasca”, un compendio de derogaciones que busca limpiar el ordenamiento jurídico de normas consideradas obsoletas. Allí, el padrinazgo presidencial aparece como un vestigio de otra época, incompatible con la lógica de un Estado que pretende reducir su intervención simbólica y material.
El origen de esta ley mezcla historia, superstición y política. Su antecedente más remoto se remonta a 1907, cuando el entonces presidente José Figueroa Alcorta accedió a apadrinar al séptimo hijo de una familia de inmigrantes alemanes. Detrás del pedido, una creencia importada de Europa del Este: la idea de que el séptimo hijo varón podía convertirse en lobizón, o la séptima hija en bruja. El padrinazgo presidencial funcionaba, en ese contexto, como una suerte de “protección” contra el abandono familiar.
Décadas más tarde, durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, esa práctica se formalizó mediante decreto y luego se convirtió en ley en 1974. La norma estableció no solo el padrinazgo simbólico, sino también beneficios concretos: educación gratuita garantizada y asistencia estatal. Con el tiempo, y especialmente tras modificaciones introducidas en 2009, el régimen se flexibilizó, ampliando el acceso al beneficio.
Pero el paso de los años erosionó su sentido práctico. Hoy, el propio Paulón lo reconoce: se trata de una ley con escasos beneficiarios y un impacto marginal. Según datos relevados en 2023, existen alrededor de 11.000 ahijados presidenciales, quienes reciben una combinación de gestos protocolares —medalla, diploma, presencia de edecanes— y una modesta beca educativa.
El argumento del Gobierno es directo: en un país donde la educación pública es gratuita y existen programas de asistencia como la Asignación Universal por Hijo, el beneficio pierde razón de ser. La norma, sostienen, no agrega valor real y representa una redundancia dentro del sistema de protección social.
Sin embargo, el debate excede lo presupuestario. Lo que está en juego es el rol simbólico del Estado. ¿Debe la Presidencia seguir encarnando tradiciones que remiten a creencias populares y a un pasado casi folklórico? ¿O corresponde avanzar hacia una institucionalidad más austera, despojada de gestos que, aunque inocuos, refuerzan una lógica paternalista?
En esa tensión se inscribe la discusión parlamentaria que recién comienza. El oficialismo, con dictamen favorable en comisiones, corre con ventaja. Pero la aprobación final dependerá de una variable más escurridiza: la voluntad política de priorizar un tema que, aunque menor en términos urgentes, resulta significativo en el plano cultural.
Porque, en definitiva, la “Ley del Lobizón” no es solo una rareza jurídica. Es el reflejo de cómo el Estado argentino supo, durante décadas, convivir con mitos, tradiciones y gestos simbólicos que hoy parecen fuera de época. Su eventual derogación no cambiará la realidad económica ni social del país, pero sí marcará un gesto: el de una política que, al menos por un momento, decide mirar hacia adelante y dejar atrás sus propias leyendas.
