Francisco O Cisnero
La escena se repite, pero con un tono cada vez más áspero. En Tucumán, el conflicto alrededor del Instituto de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) escaló a un punto crítico, con movilizaciones que ya no se limitan a la queja sectorial sino que adoptan una narrativa política más amplia: la de un Estado que, según los manifestantes, dejó de regular para convertirse en recaudador.
El legilador José “Pepe” Seleme, acompañado por el dirigente Mariano Campero, volvió a ponerse al frente de una marcha —la cuarta en pocas semanas— que tuvo como eje central un reclamo contundente: el cierre del organismo. La consigna, lejos de matices, apunta a deslegitimar por completo la existencia del IPLA, al que acusan de haber traicionado su propósito original.
“El IPLA dejó de prevenir y pasó a perseguir”, repiten desde el espacio que lidera Seleme. La acusación no es menor: implica señalar un corrimiento institucional, donde un ente creado para combatir el alcoholismo habría mutado —según esta mirada— en una estructura de control punitivo, con multas consideradas “impagables” y prácticas que los comerciantes califican de abusivas.
Campero, por su parte, endureció el discurso y le dio volumen político al reclamo. “No vamos a bajar los brazos hasta que el IPLA se cierre”, afirmó, en lo que suena menos a una consigna coyuntural y más a una estrategia de desgaste sostenido. En su intervención, el dirigente no sólo respaldó a Seleme, sino que planteó una crítica estructural: el organismo, dijo, “no cumple ninguna función útil” y se convirtió en “una caja del Estado”.
Detrás de la retórica, hay un malestar concreto en sectores vinculados a la comercialización de bebidas alcohólicas, que denuncian controles arbitrarios y una presión fiscal que, aseguran, asfixia la actividad. La narrativa de la “persecución” se apoya en testimonios de trabajadores que hablan de inspecciones constantes y sanciones desproporcionadas.
Sin embargo, el planteo abre un interrogante de fondo que el discurso opositor evita desarrollar: ¿qué reemplazaría al IPLA en caso de su eliminación? Porque si bien el organismo es cuestionado, su razón de ser —la regulación del consumo y la prevención del alcoholismo— sigue siendo una política pública sensible.
Ahí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve ideológico. Para el espacio que encabezan Seleme y Campero, el problema no es sólo la implementación, sino la propia lógica del control estatal. En esa línea, el cierre del IPLA aparece como un gesto político más amplio: reducir la intervención del Estado en actividades privadas.
Del otro lado, el silencio oficial empieza a pesar. La falta de una respuesta clara por parte del Gobierno provincial alimenta la narrativa de los manifestantes y les permite ocupar el centro de la escena. En política, los vacíos rara vez quedan sin dueño.
Con cada marcha, el reclamo gana volumen y se transforma en algo más que una disputa sectorial: es, en esencia, un capítulo de la discusión sobre el rol del Estado en la economía cotidiana. Y en ese terreno, las posiciones ya no admiten grises.
