OFENSIVA CONTRA EL IPLA: SELEME Y CAMPERO REDOBLAN LA PRESIÓN PARA CERRAR EL ORGANISMO Y ACUSAN AL ESTADO DE “PERSECUCIÓN”

La escena se repite, pero con un tono cada vez más áspero. En Tucumán, el conflicto alrededor del Instituto de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) escaló a un punto crítico, con movilizaciones que ya no se limitan a la queja sectorial sino que adoptan una narrativa política más amplia: la de un Estado que, según los manifestantes, dejó de regular para convertirse en recaudador.

El legilador José “Pepe” Seleme, acompañado por el dirigente Mariano Campero, volvió a ponerse al frente de una marcha —la cuarta en pocas semanas— que tuvo como eje central un reclamo contundente: el cierre del organismo. La consigna, lejos de matices, apunta a deslegitimar por completo la existencia del IPLA, al que acusan de haber traicionado su propósito original.

“El IPLA dejó de prevenir y pasó a perseguir”, repiten desde el espacio que lidera Seleme. La acusación no es menor: implica señalar un corrimiento institucional, donde un ente creado para combatir el alcoholismo habría mutado —según esta mirada— en una estructura de control punitivo, con multas consideradas “impagables” y prácticas que los comerciantes califican de abusivas.

Campero, por su parte, endureció el discurso y le dio volumen político al reclamo. “No vamos a bajar los brazos hasta que el IPLA se cierre”, afirmó, en lo que suena menos a una consigna coyuntural y más a una estrategia de desgaste sostenido. En su intervención, el dirigente no sólo respaldó a Seleme, sino que planteó una crítica estructural: el organismo, dijo, “no cumple ninguna función útil” y se convirtió en “una caja del Estado”.

Detrás de la retórica, hay un malestar concreto en sectores vinculados a la comercialización de bebidas alcohólicas, que denuncian controles arbitrarios y una presión fiscal que, aseguran, asfixia la actividad. La narrativa de la “persecución” se apoya en testimonios de trabajadores que hablan de inspecciones constantes y sanciones desproporcionadas.

Sin embargo, el planteo abre un interrogante de fondo que el discurso opositor evita desarrollar: ¿qué reemplazaría al IPLA en caso de su eliminación? Porque si bien el organismo es cuestionado, su razón de ser —la regulación del consumo y la prevención del alcoholismo— sigue siendo una política pública sensible.

Ahí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve ideológico. Para el espacio que encabezan Seleme y Campero, el problema no es sólo la implementación, sino la propia lógica del control estatal. En esa línea, el cierre del IPLA aparece como un gesto político más amplio: reducir la intervención del Estado en actividades privadas.

Del otro lado, el silencio oficial empieza a pesar. La falta de una respuesta clara por parte del Gobierno provincial alimenta la narrativa de los manifestantes y les permite ocupar el centro de la escena. En política, los vacíos rara vez quedan sin dueño.

Con cada marcha, el reclamo gana volumen y se transforma en algo más que una disputa sectorial: es, en esencia, un capítulo de la discusión sobre el rol del Estado en la economía cotidiana. Y en ese terreno, las posiciones ya no admiten grises.