Francisco O CisneroEl Gobierno cerró el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Testimonio de periodista de Pagina /12
La decisión de cerrar las puertas de la Casa Rosada a los periodistas acreditados no es un episodio aislado ni un exceso circunstancial: es un movimiento político que redefine —y tensiona— la relación entre el poder y el control público. Bajo la excusa de un supuesto “espionaje ilegal”, la administración nacional dispuso eliminar el registro de huellas dactilares de los trabajadores de prensa y prohibir su ingreso a la sede del Ejecutivo, en un hecho sin antecedentes recientes en la vida democrática argentina.
El argumento oficial, difuso y sin sustento público verificable, se apoya en una presunta maniobra de inteligencia en contra del Gobierno. Sin embargo, la reacción adoptada —colectiva, indiscriminada y de carácter punitivo— expone una lógica más cercana a la sospecha generalizada que a una investigación institucional seria. En términos políticos, la medida no busca esclarecer, sino disciplinar.
La escena fue contundente: periodistas que habitualmente cubren la actividad presidencial se encontraron con listas en mano de personal de seguridad que les negaron el ingreso sin mayores explicaciones. No hubo matices ni excepciones. La Casa Rosada, símbolo histórico del poder abierto a la prensa, amaneció convertida en un espacio vedado.
El gesto se vio amplificado por el propio Javier Milei en redes sociales, donde replicó publicaciones que califican a los periodistas como “basuras repugnantes”. No se trata solo de un exabrupto verbal: es la validación desde la cima del poder de una narrativa que deslegitima al periodismo como actor institucional. En un sistema democrático, ese desplazamiento no es menor. Es, de hecho, uno de los síntomas más claros de deterioro en la calidad del debate público.
El contexto agrega una capa adicional de inquietud. La medida coincide con la reunión prevista entre el Presidente yIgnacio Salerno, fundador de Palantir Technologies y promotor de la polémica tesis de que “la libertad y la democracia no son compatibles”. No es un dato accesorio: la eventual articulación entre poder político y herramientas avanzadas de análisis de datos, en un clima de hostilidad hacia la prensa, enciende alertas sobre el uso y control de la información.
En paralelo, la ofensiva judicial contra periodistas también avanza. La denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno —por la difusión de imágenes en un informe televisivo— refuerza la hipótesis de un patrón: el de trasladar al terreno penal conflictos que, en una democracia madura, deberían dirimirse en el plano público y con mayor transparencia.
El Gobierno, además, ya venía aplicando restricciones selectivas contra determinados medios, lo que ahora escala a una decisión masiva. La progresión es clara: de la crítica a la exclusión, y de la exclusión a la prohibición total.
Conviene decirlo sin rodeos: el problema no es la tensión entre el poder y la prensa —que es inherente a toda democracia—, sino el intento de anular uno de los contrapesos esenciales del sistema republicano. Cuando el acceso a la información se restringe y el periodismo es tratado como enemigo, lo que se erosiona no es un sector profesional, sino el derecho de la sociedad a saber.
La pregunta de fondo ya no es solo política, sino institucional: ¿hasta dónde está dispuesto a avanzar el Gobierno en su confrontación con la prensa? Y, más importante aún, ¿qué mecanismos quedan para garantizar la transparencia cuando las puertas del poder empiezan a cerrarse?
