Francisco O Cisnero
En un acto cargado de simbolismo político e institucional, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de Primera Instancia N°3 de Tucumán, una estructura judicial que llega con más de 40 años de demora y que busca responder a una demanda crítica: la saturación del sistema federal en la provincia.
La ceremonia incluyó la jura del magistrado José Manuel Díaz Vélez y la inauguración formal del edificio ubicado en calle 9 de Julio al 100, en el corazón administrativo de San Miguel de Tucumán. El mensaje oficial fue claro: fortalecer la capacidad del Estado para dar respuestas concretas en materia de justicia.
“La creación de este juzgado es un paso fundamental para consolidar instituciones más sólidas”, sostuvo Jaldo, en una línea discursiva que apuntó tanto a la gestión como a la construcción política. Sin embargo, detrás del tono celebratorio, subyace una realidad menos confortable: el crecimiento sostenido de causas federales —vinculadas en gran parte a delitos complejos como narcotráfico, lavado de dinero y corrupción— viene desbordando desde hace años la capacidad operativa existente.
La habilitación del tercer juzgado no solo busca descomprimir expedientes, sino también mejorar el acceso a la justicia en una provincia donde los tiempos judiciales suelen convertirse en una forma de denegación indirecta de derechos. En ese sentido, el oficialismo provincial insiste en que se trata de una “reparación histórica”, aunque la propia necesidad de avanzar ya en un cuarto juzgado revela que el problema está lejos de resolverse.
El acto contó con una amplia presencia del arco institucional: desde el vicegobernador Miguel Acevedo hasta referentes clave del Poder Judicial, como el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Fernando Poviña, y el titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. También participaron figuras del ámbito nacional y provincial, representantes del Ministerio Público y autoridades políticas, lo que reforzó la lectura de un evento con fuerte contenido político además de judicial.
En términos estructurales, la inauguración abre una oportunidad, pero también plantea interrogantes. La expansión del sistema judicial requiere no solo edificios y nombramientos, sino también recursos, modernización y coordinación efectiva entre poderes. Sin esos elementos, el riesgo es que la ampliación termine siendo apenas un parche frente a una demanda que crece más rápido que las respuestas.
Tucumán avanza, pero lo hace sobre una deuda acumulada durante décadas. El nuevo juzgado es, en ese sentido, tanto una conquista como un recordatorio: la institucionalidad no se inaugura, se sostiene.
