Francisco O Cisnero
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la polémica reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei desencadenó una serie de reacciones políticas y sociales que tienen a Tucumán y a su gobernador en el centro del debate nacional.
El proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara baja pese a un paro general y grandes protestas sindicales, avanzó con la ayuda de bloques provinciales alineados con distintos gobernadores, incluido el tucumano, lo que ha reconfigurado el mapa político argentino.
Legisladores del Bloque Independencia vinculados a Jaldo jugaron un rol determinante en el proceso de negociación parlamentaria, incluso presionando para la eliminación del artículo 44 más cuestionado de la reforma, antes de dar quórum y apoyar su tratamiento en el Congreso.
Este apoyo —que el oficialismo nacional celebra como un gesto de “responsabilidad institucional”— ha generado fuertes grietas internas en el peronismo. Sectores del PJ duro consideran que esta postura pragmática y dialoguista es una traición a la histórica defensa de los derechos laborales. La fractura es tal que senadores vinculados a gobernadores del norte, entre ellos la tucumana Sandra Mendoza, planean desprenderse del interbloque peronista en el Senado.
La poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) no se quedó atrás y acusó a los gobernadores que facilitaron el avance de la reforma, incluido Jaldo, de “entreguistas” que habrían puesto en riesgo la dignidad del pueblo trabajador en pos de beneficios coyunturales.
Por su parte, el periodista Roberto Navarro fue más allá, llamando a los mandatarios que respaldaron la reforma “traidores a la patria”, un señalamiento que encendió aún más la polémica y profundizó el debate sobre la identidad y rumbo del peronismo en el norte argentino
Desde el jaldismo, se insiste en que la decisión responde a un equilibrio entre la necesidad de modernizar la legislación laboral y la responsabilidad de defender los intereses de Tucumán. El gobernador ha defendido históricamente la actualización de normas que, a su juicio, responden a cambios tecnológicos y económicos.
Sin embargo, críticos advierten que esta estrategia podría pasarle factura al peronismo en futuras elecciones, al desgastar su base tradicional de apoyo y alienar a los sectores sindicales clave.
Además, el presidente Milei prepara una visita a Tucumán como parte de su “Tour de la Gratitud” tras la reforma, una movida que el oficialismo utiliza para consolidar la presencia política en la provincia.
La situación pone al gobernador Jaldo ante un dilema político mayúsculo: equilibrar la relación con el poder central para obtener recursos y obras para Tucumán, mientras enfrenta las críticas de su propio espacio y de amplios sectores sociales. Este episodio no solo reconfigura alianzas partidarias, sino que impacta de lleno en la percepción pública sobre el rol de los líderes provinciales en decisiones nacionales que tocan derechos laborales y el futuro del empleo en Argentina.
En un contexto ya fuertemente polarizado, cada gesto político se analiza con lupa, y Tucumán no parece estar exento de esa realidad.
