El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR entró en vigor y encendió una fuerte señal de alerta en el campo europeo. Con la eliminación progresiva del 91% de los aranceles, organizaciones agrarias denuncian que el tratado abre la puerta a productos importados con estándares muy por debajo de los exigidos dentro del bloque europeo.La preocupación no es menor: sostienen que se está poniendo en igualdad de condiciones productos con trazabilidad estricta —propios de Europa— con otros provenientes de países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, donde los controles sanitarios, ambientales y laborales son considerablemente más laxos.
“Estamos mezclando en las góndolas productos con los estándares más altos del mundo con otros que no sabemos bajo qué condiciones fueron producidos”, advirtieron desde el sector.
El punto más crítico es económico: los países del MERCOSUR producen con menores costos, menos exigencias regulatorias y mano de obra más barata. El resultado es claro: precios más bajos que golpean directamente a los productores europeos. Desde el sector agrario aseguran que esto pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones familiares, que no pueden competir bajo estas condiciones sin perder rentabilidad.
Otro eje de conflicto es el etiquetado. Denuncian que los consumidores no cuentan con información clara para distinguir el origen ni las condiciones de producción de los alimentos.También se cuestiona el uso de fitosanitarios prohibidos en Europa que sí estarían permitidos en los países exportadores, lo que abre un debate directo sobre la seguridad alimentaria.
Las llamadas “cláusulas de salvaguarda”, que deberían actuar como mecanismo de control, generan más dudas que certezas.Desde el sector las comparan con normas sin control real: si no hay capacidad de fiscalización efectiva fuera del territorio europeo, sostienen, el cumplimiento será prácticamente imposible.
El conflicto llega en un momento especialmente delicado: la negociación de la Política Agraria Común, eje central del financiamiento al campo europeo.La propuesta inicial de la Comisión Europea contempla un recorte del 23% del presupuesto, lo que agrava aún más el panorama para el sector. Menos apoyo estatal y más competencia externa: una combinación que el campo considera explosiva.
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