CUANDO EL ESTADO LLEGA TARDE, LOS CONVENIOS SUENAN A PARCHE

En Juan Bautista Alberdi se anuncia un nuevo convenio para la prevención y asistencia en adicciones. Otra firma, otra foto, otro compromiso. Esta vez, el intendente Bruno Romano articula con la Secretaría de Estado de Políticas Integrales sobre Adicciones, conducida por Lucas Haurigot Posse, para —según el discurso oficial— “fortalecer” las políticas en el territorio. La pregunta incómoda es inevitable: ¿fortalecer qué, exactamente, si el problema hace años desborda sin respuestas estructurales?
Ciudad Juan.B.Alberdi20 de abril de 2026 Por Redacción
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Porque no se trata de negar la importancia de un acuerdo institucional. Nadie discute que capacitar equipos, crear mesas intersectoriales o implementar dispositivos territoriales suena, en el papel, como el camino correcto. El problema es otro: la brecha brutal entre el anuncio y la realidad cotidiana.

En barrios donde el consumo problemático dejó de ser una excepción para convertirse en paisaje, el Estado aparece tarde, fragmentado y, muchas veces, más preocupado por mostrar gestión que por sostener políticas a largo plazo. Los dispositivos territoriales no pueden ser solo un ítem en un convenio; necesitan presupuesto, continuidad y, sobre todo, presencia real. Porque sin eso, terminan siendo estructuras vacías o, peor, promesas recicladas.

El enfoque “integral e interdisciplinario” también merece una lectura crítica. Es una fórmula repetida hasta el cansancio en documentos oficiales, pero que rara vez se traduce en articulación efectiva. Salud, desarrollo social, seguridad y educación siguen funcionando como compartimentos estancos. Y mientras tanto, las familias quedan solas frente a un problema que no espera ni se detiene.

Hay además una cuestión política de fondo: los gobiernos locales y provinciales insisten en abordar las adicciones como un tema técnico, cuando en realidad es profundamente social. El consumo problemático no crece en el vacío. Se alimenta de la desigualdad, la falta de oportunidades y la ausencia de políticas sostenidas de inclusión. Sin atacar esas raíces, cualquier convenio corre el riesgo de ser apenas un paliativo.

Eso no significa que este acuerdo no pueda generar impacto. Puede hacerlo, si hay decisión política de sostenerlo más allá del anuncio, si se mide su eficacia con datos concretos y si se escucha a las comunidades que conviven con el problema todos los días. Pero para eso hace falta algo más que voluntad discursiva: hace falta gestión real.

En definitiva, el desafío no está en firmar convenios, sino en hacerlos funcionar. Porque en materia de adicciones, cada día perdido no es estadística: es una vida que se deteriora. Y ahí, ya no alcanza con buenas intenciones.

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