NO FUE UN “ERROR”: SIETE PROPIEDADES OCULTAS Y UN GOBIERNO QUE MIRA PARA OTRO LADO

El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, reconoció que no declaró siete departamentos en Estados Unidos ni sociedades offshore. Podría enfrentar denuncias por lavado, evasión y violación a la ley de ética pública.

La transparencia volvió a quedar en el centro de la escena política. Carlos Frugoni, uno de los funcionarios clave del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, admitió haber omitido la declaración de siete propiedades en Miami y dos sociedades radicadas en Estados Unidos, una revelación que abre interrogantes judiciales y políticos de alto voltaje.

“Cometí un error”, fue la justificación elegida por el funcionario, quien aseguró que está regularizando su situación tanto en sus declaraciones juradas como ante la ARCA. Sin embargo, la explicación no alcanza para disipar las dudas: la omisión se habría sostenido durante años, incluso mientras ocupaba cargos públicos de relevancia.

Los inmuebles, ubicados en zonas de alto valor en Miami, fueron adquiridos entre 2020 y 2022, período en el que Frugoni ya se desempeñaba en funciones vinculadas a la obra pública. A eso se suma la existencia de dos firmas —Genova LLC y Wiki LLC— registradas en estados conocidos por su opacidad fiscal como Wyoming y Delaware, que tampoco habían sido declaradas.

El caso no tardó en escalar. El legislador de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, anticipó que presentará una denuncia en la Justicia federal para que se investiguen posibles delitos de lavado de dinero, evasión agravada y negociaciones incompatibles con la función pública.

El dato político no es menor: Frugoni no es un funcionario secundario. Maneja áreas sensibles como licitaciones de obra pública, concesiones viales y subsidios al transporte. Su rol lo ubica en el corazón del manejo de fondos estatales y relaciones con grandes empresas del sector.

Pese a la gravedad del reconocimiento, el Gobierno de Javier Milei optó por sostenerlo en el cargo. La decisión refuerza una tensión creciente entre el discurso oficial de austeridad y transparencia y las prácticas que empiezan a quedar bajo la lupa.

Frugoni se defendió asegurando que su patrimonio proviene de su actividad privada como empresario. Pero evitó responder una pregunta clave: si todo era legal, ¿por qué no lo declaró?

El episodio reabre un debate incómodo pero inevitable: ¿alcanza con admitir un “error” cuando se trata de bienes millonarios no declarados durante años por un funcionario público?

La respuesta, ahora, quedará en manos de la Justicia. Pero el costo político ya empezó a correr.