La Justicia tucumana ordenó medidas privativas de la libertad contra los titulares de la concesionaria “DG Automotores” (también conocida como DG Cars), en el marco de una causa por estafas reiteradas que expone un esquema delictivo sostenido y de alto impacto económico. En una audiencia realizada este viernes 24 de abril, el Ministerio Público Fiscal formalizó cargos contra Matías José Díaz Vier y su esposa, Anabel García.
La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas conducida por Fernando Blanno, describe una operatoria coordinada que simulaba transacciones legítimas de compraventa de vehículos. Bajo la fachada comercial, los acusados recibían autos en consignación o como parte de pago, mientras percibían sumas millonarias por operaciones que nunca se concretaban.
El “modus operandi” incluía la generación de créditos prendarios inexistentes, la entrega de comprobantes falsificados y, en casos más graves, la transferencia de vehículos sin autorización de sus propietarios. Según detalló la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, el daño patrimonial es profundo: muchas víctimas perdieron ahorros de toda su vida y, en algunos casos, su único medio de movilidad.
Uno de los elementos más comprometedores surgió del testimonio de una empleada doméstica de la pareja. La mujer declaró haber presenciado maniobras de ocultamiento de pruebas, incluyendo la quema de documentación y el enterramiento de dinero en la propiedad de los imputados para evitar su secuestro durante allanamientos.
El expediente también revela antecedentes preocupantes: los acusados ya habían accedido a una probation por hechos similares, mientras que Díaz Vier registra antecedentes penales en la provincia del Chaco.
Ante el riesgo de fuga y el claro intento de entorpecer la investigación, el juez interviniente dispuso seis meses de prisión preventiva. Díaz Vier será alojado en un complejo penitenciario, mientras que García cumplirá arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en atención a que tiene tres hijos menores.
En paralelo, se libró una orden de captura nacional e internacional contra un tercer implicado que permanece prófugo. Desde la fiscalía no descartan que la causa escale tanto en número de damnificados como en el monto total defraudado, a medida que se suman nuevas denuncias y se profundiza el análisis de la operatoria.
El caso no solo revela una estructura delictiva aceitada, sino también un patrón de reiteración que vuelve a poner en foco los controles sobre el sector y la respuesta judicial ante delitos económicos de gran escala.
