Un docente afiliado a la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales denunció públicamente una presunta “expulsión encubierta” del padrón sindical, tras detectar que desde junio del año pasado dejaron de aplicarle los descuentos correspondientes a la cuota gremial sin previo aviso ni justificación formal.
Según relató el denunciante, identificado como Andrés, la situación se produjo sin que mediara solicitud de desafiliación de su parte ni la apertura de un proceso disciplinario, tal como —afirma— establece el estatuto interno de la organización. En ese sentido, sostuvo haber presentado reiteradas notas formales y reclamos verbales ante la conducción del gremio, sin obtener respuesta.
“El estatuto prevé mecanismos claros para la desafiliación, como la intervención de una Junta de Disciplina en caso de faltas. Nada de eso ocurrió”, señaló. Desde su perspectiva, la interrupción unilateral de los descuentos implicaría una exclusión de hecho del sindicato, lo que —afirma— vulnera su derecho constitucional a la libre afiliación gremial.
El docente aseguró además que la medida podría estar vinculada a su participación en un espacio interno opositor, denominado Nuevo Espacio Docente, que busca competir en las próximas elecciones sindicales. “No es una acusación, pero sí una sospecha: al quitarme la antigüedad, me impedirían participar electoralmente”, advirtió.
En ese contexto, confirmó la presentación de una denuncia penal con el objetivo de que se restituya tanto su afiliación como su antigüedad dentro del gremio antes del proceso electoral. También cuestionó que, al quedar fuera del padrón, no puede acceder al asesoramiento legal del propio sindicato, lo que lo obliga a costear su defensa con aportes de colegas.
El caso introduce un elemento de tensión en la antesala de las elecciones internas de ATEP, donde distintos sectores disputan la conducción en un escenario marcado por reclamos salariales y debates sobre representación gremial. Desde un enfoque institucional, especialistas en derecho laboral señalan que cualquier modificación en la condición de afiliación debe ajustarse estrictamente a los procedimientos estatutarios y garantizar el debido proceso, en línea con los principios de libertad sindical.
Hasta el momento, la conducción de ATEP no emitió una respuesta pública sobre la denuncia. El desarrollo judicial del caso y eventuales definiciones administrativas podrían tener impacto directo en la transparencia del proceso electoral y en el clima interno del gremio docente tucumano.
