LA CGT REDOBLA LA OFENSIVA JUDICIAL Y PIDE LA NULIDAD DEL FALLO QUE REVIVIÓ LA REFORMA LABORAL

La disputa por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un escrito de 25 páginas en el que solicita la nulidad absoluta del fallo que devolvió vigencia a la normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, al tiempo que recusó a dos magistrados y denunció irregularidades de fondo y de forma en la resolución.

El planteo no se limita a una mera discrepancia jurídica: configura una ofensiva integral que apunta a desacreditar la legitimidad del fallo emitido por la Sala VIII. Según la central sindical, la decisión “violenta gravemente la verdad jurídica” y fue adoptada por un tribunal sin competencia para intervenir en el caso, lo que —a su entender— invalida todo lo actuado.

En el centro de la controversia aparecen los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González. La CGT cuestionó con dureza su actuación, al sostener que ambos magistrados “emitieron opinión, prejuzgaron y evidenciaron una manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional”. Pero el foco más sensible recae sobre Pesino: la central denunció que, apenas un día después de firmar el fallo, el Poder Ejecutivo dispuso la postergación de su jubilación por cinco años, lo que calificaron como un hecho “obsceno” que instala un manto de sospecha sobre la independencia judicial.

“Generó un manto de duda que no vamos a dejar pasar”, advirtió el dirigente Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato cegetista, al fundamentar la recusación. La acusación, en términos políticos, apunta directamente a un eventual alineamiento entre sectores del Poder Judicial y la estrategia del Gobierno para sostener la reforma laboral.

El núcleo técnico del planteo radica en la competencia. La CGT sostiene que la causa debía ser tratada por la Sala I y no por la Sala VIII, en virtud de la “prevención inicial” del expediente. Denuncia, además, que se le impidió ejercer su derecho de defensa al no respetarse los pasos procesales correspondientes. “No se nos dio tiempo”, afirmaron, al tiempo que interpretan esa omisión como parte de una maniobra deliberada.

El escrito, presentado por el abogado Pablo Topet, también cuestiona la solidez jurídica del fallo. Habla de “orfandad de fundamentos” y de una resolución dictada con celeridad injustificada, lo que —según la central— refuerza la sospecha de un pronunciamiento condicionado por factores ajenos al expediente.

En términos de consecuencias, la CGT busca restablecer la medida cautelar que había suspendido 83 artículos de la ley 27.802, eje de la reforma laboral oficialista. Argumenta que mantener la vigencia de la norma sin una revisión de fondo compromete derechos laborales de raigambre constitucional y altera el equilibrio del sistema de protección del trabajo.

Pero el trasfondo excede lo estrictamente jurídico. El conflicto pone en evidencia una puja de poder más amplia: el Gobierno intenta avanzar con una agenda de desregulación profunda, mientras el sindicalismo recurre a los tribunales para frenar lo que considera una avanzada sobre derechos históricos. En ese cruce, la Justicia aparece como árbitro, pero también como protagonista bajo sospecha.

El episodio reaviva un debate estructural sobre la independencia judicial y la relación entre los poderes del Estado. La denuncia de la CGT —especialmente en lo referido al beneficio otorgado a un magistrado— introduce un elemento político de alto voltaje que, lejos de apaciguar el conflicto, promete escalarlo.

En definitiva, la batalla por la reforma laboral ya no se libra solo en el Congreso o en la calle: se dirime, con creciente intensidad, en los tribunales. Y lo que está en juego no es únicamente la vigencia de una ley, sino la credibilidad de las instituciones que deben garantizar su legalidad.